Bolivia

Gobernaciones y municipios esperan el desembolso de recursos para mejorar su economía

Con el Decreto Supremo 4245, con el que el Gobierno determinó levantar la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del Covid-19 que se aplicó desde el 17 de marzo de 2020 (DS 4196) y traspasa responsabilidades a las Entidades Territoriales Autónomas, las gobernaciones y municipios esperan que durante esta semana que empieza se concreten medidas que los beneficien económicamente, ya que la emergencia los ha dejado en la incertidumbre.

Los alcaldes de diferentes municipios de Santa Cruz bloquearon parte de las carreteras departamentales, mientras que autoridades comunales de los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí iniciaron huelgas de hambre para exigir el desembolso del 12% de los recursos que fueron confiscados durante el gobierno de Evo Morales.

Las medidas de presión fueron suspendidas tras llegar a un acuerdo previo con el Ministerio de Economía para crear dos fondos para los gobiernos subnacionales.

El director de Comunicación de la Gobernación de La Paz, Édgar Ramos, manifestó que la situación económica de gobernaciones y alcaldías es de incertidumbre por dos motivos de fondo.

Primero, explicó que la caída, casi a cero del precio de los hidrocarburos repercute directamente en la distribución e ingreso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), generado por la exportación de gas.

Por otro lado, identificó que la parálisis económica y el no pago de impuestos, entre 23 de marzo y 31 de mayo, también repercute en la recaudación de la coparticipación tributaria, especialmente, de alcaldías y universidades públicas.

“Nuestras alcaldías rurales están en quiebra técnica”, sostuvo Ramos.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ya había manifestado su preocupación al Gobierno central. “Pedimos al Gobierno nacional dotar al departamento con los recursos necesarios para enfrentar las estrategias de contingencia diseñadas. Desgraciadamente todavía no disponemos del personal médico, ni de los equipos, ni de los insumos que necesitamos para enfrentar esta crisis y es urgente”, señaló a fines de mes.

12,6 millones para la emergencia sanitaria

Hasta el 8 de junio de 2020, la Gobernación de La Paz desembolsó Bs 12,6 millones para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Pero esta entidad territorial, las otras ocho gobernaciones, como los 339 municipios, esperan el desembolso de mayores recursos.

“Estos dineros no estaban presupuestados y fueron extraídos de otros programas o proyectos en ejecución. Las gobernaciones, como la de La Paz, esperan recursos del Estado para financiar proyectos solicitados por los 87 municipios en carreteras, agua potable, electrificación, riego y otros”, manifestó la entidad territorial paceña.

Ramos añadió que como van las cosas, para este año será difícil, casi imposible, atender con proyectos nuevos por la incertidumbre financiera del Estado boliviano, expresada en la demora de la Asamblea Legislativa y el manejo financiero desde Ministerio de Economía.

Recursos del IDH

El principal proyecto de ley (PL) que espera su debate en el pleno de la Asamblea Legislativa este martes, después de no tener consenso en la cámara de Diputados y Senadores, es el PL 179/2019-2020 (Proyecto de Ley de Recuperación del 12% del IDH para las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades).

El proyecto en su primera redacción, suspende temporalmente la aplicación del artículo 12 de la Ley 767 (Ley de Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera) del 11 de diciembre de 2015, a partir de la promulgación de la presente ley hasta la finalización de la declaratoria de emergencia, considerando la producción fiscalizada del mes que corresponda, de acuerdo a normativa vigente.

Devolución

El monto acumulado en el Banco Central de Bolivia (BCB) del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh) tanto de las gobernaciones como de los municipios y universidades, ascendería a $us 267,2 millones desde 2016.

Según la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), en total, existirían $us 516,5 millones en el BCB pero pertenecen a siete entidades o fondos diferentes que, en caso de ser exigidos por un sector, otro estaría en su derecho de reclamarlo.

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